Las menores de 16 y 17 años que decidan abortar sin informar a sus padres, alegando que pueden sufrir violencia intrafamiliar, tendrán que convencer al médico de esta situación, quien, a su vez, podrá recurrir a un psicólogo o a un trabajador social que corroboren la versión de la chica.
Así se desprende del borrador del desarrollo reglamentario de la nueva Ley del Aborto que se presentará en el Consejo Interterritorial de Salud del próximo lunes, para pasar después por el Consejo de Estado, y ser aprobado finalmente en el Consejo de Ministros, en forma de Real Decreto, antes del próximo 5 de julio.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, informó, en una rueda de prensa, de que las jóvenes que decidan poner fin a su gestación acudirán al centro sanitario, por "regla general", acompañadas de sus padres o tutores legales.
En el caso de que esto no ocurra, y la menor afirme que tiene "miedo o temor a sufrir violencia intrafamiliar o coacciones o algún tipo de presión que pueda torcer su voluntad", será el médico quien autorice la interrupción del embarazo sin que lo sepan sus padres.
"El médico tiene que evaluar las circunstancias que la joven le está planteando", ha comentado Jiménez, quien ha dicho que si éste tiene dudas puede solicitar "el informe de un psicólogo o a un trabajador social que certifique que ese miedo puede existir sobre la menor".
Las clínicas tendrán un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley para adecuarse a las condiciones que contiene esta norma, un aspecto que recoge otro Real Decreto sobre la Garantía de la Calidad Asistencial de la Prestación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que se elevará al Consejo de Ministros.
Otra novedad anunciada por la ministra es que serán los profesionales sanitarios de la Enfermería los que impartan la educación sexual en los centros educativos, como plantea la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
El objetivo de este proyecto es que disminuyan los embarazos no deseados y que se reduzca así el número de abortos, que en 2008 se elevaron hasta las 115.812 interrupciones de embarazo.
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