Según se desprende del auto de la Audiencia Provincial de Madrid que será enviado al juez Antonio Serrano para que reabra parcialmente el caso. Los magistrados de la Sala Quinta han desestimado el recurso interpuesto por la Agrupación Internacional de Grupos Ciclistas Profesionales (AIGCP) sobre la supuesta culpabilidad de corredores, «cooperadores» y médicos.
La AIGCP, en su afán por continuar con el proceso judicial, no dudó en cargar contra uno de sus fundadores y ex presidente, Manolo Saiz. En su recurso explicaba que podrían existir "una pluralidad de delitos de estafa", argumento rechazado "de pleno por su abierta artificiosidad" y por estar "fuera de toda realidad".
"Para que exista estafa", dice el auto, "debe haber engaño, y cuando ha habido ciclistas muertos por consumo de drogas (...), cuando el ciclismo es el espejo en el que se miran con miedo el resto de los deportes (...), afirmar la presencia de engaño por parte de los ciclistas hacia quienes contratan con ellos es cerrar los ojos a la realidad".
También apunta que es muy significativo que pese a la publicidad de este proceso, ningún equipo profesional o marca publicitaria se haya personado en el juicio.
Fuentes relacionadas con la 'operación Puerto' aseguran que estos razonamientos jurídicos tiran por tierra "la credibilidad" de una asociación que debería velar por los intereses de corredores y técnicos. El enemigo en casa.
El tribunal insiste en que los casos de dopaje sólo deben ser castigados por vía administrativa, no por la penal, que sí contempla castigos por la salud pública. Tampoco es punible, recalcan los magistrados, "situarse en una posición de superioridad respecto de los rivales en una competición deportiva mediante el consumo de cualquier clase de estimulante o fármaco o tratamiento prohibido que incremente su vigor o disimule el cansancio, aunque esta conducta pueda ser sancionada por las autoridades deportivas".
Asimismo, se rechaza la nulidad del proceso solicitado por la Abogacía del Estado porque es "una reacción desproporcionada y poco útil", porque se obligaría al juez a dictar un nuevo auto, susceptible de más recursos, lo que alargaría el procedimiento mucho más.
La Audiencia solicita al juez que aclare un informe emitido por el Instituto de Toxicología de Madrid donde se viene a decir que los restos de EPO encontrados en las bolsas de sangre incautadas a Eufemiano Fuentes no eran nocivos. Igualmente reclama que se estudie si hubo delito en la conservación y transporte de las muestras. Se investigará a Eufemiano Fuentes, al hematólogo Merino Batres y al ex corredor Alberto León, supuesto correo de los galenos.
En el entorno de Eufemiano Fuentes se muestran tranquilos y aseguran que el mantenimiento de las bolsas siempre fue correcto. "Desde el momento que fueron incautadas por la Guardia Civil, ya no podemos responder", advierten.
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